Biden y su agenda económica

asta ahora, el Presidente Trump se ha rehusado a conceder la victoria de su rival demócrata en la elección de la semana pasada, lo que tampoco ha hecho el jefe de la mayoría republicana en el Senado. Por otro lado, prosigue la impugnación legal del resultado en varios estados por parte de la campaña del mandatario, que acusa fraude en su contra, aunque aún no se ha conocido evidencia concreta de ello.

Son sólo dos señales de que, incluso si supera esas vallas y asume el poder el próximo 20 de enero, la Presidencia de Joseph Biden estará marcada por la polarización política —crispación, incluso—desde el primer día. Ello, porque la actitud republicana no es sólo la reacción de “un mal perdedor”, sino reflejo de la certeza de contar —debido al movimiento generado en torno a la figura de Donald Trump, a la histórica votación que obtuvo y a su renovada fuerza en el Congreso— con un capital político mucho mayor del esperable tras perder una reelección.

Para el programa económico demócrata, eso probablemente signifique olvidar, o al menos retrasar, muchas propuestas. Entre ellas, un plan de estímulo económico ante la pandemia estancado desde el primer semestre, un alza de impuestos del 21% al 28% para las empresas al que se oponen tanto Wall Street como los republicanos, y un plan de impulso a la manufactura nacional por US$ 700 mil millones. Dada la debilidad demócrata a nivel parlamentario, la Casa Blanca probablemente deba hacer cambios importantes a su agenda económica para asegurar su viabilidad.

En el corto plazo, al menos, la situación económica no favorecerá el argumento de hacer grandes cambios. Cinco días antes de la elección, el PIB registró una expansión histórica de 33,1% en el tercer trimestre (tras un desplome igualmente histórico de 31,4% entre abril y junio). Y la tasa de desempleo bajó a 6,7% en octubre respecto del 7,9% en septiembre, con la creación de 638 mil nuevos empleos.

Un curso centrista y moderado parece la estrategia más probable para un Presidente que tendrá severas limitaciones políticas para impulsar una agenda reformista.